Mujeres migrantes y violencias machistas en España

por Tania Sordo Ruz

(Jurista e investigadora especializada en derechos humanos de las mujeres. Dra. en Estudios Interdisciplinares de Género y creadora de la iniciativa Colectiva 1600s)

Las mujeres migradas se encuentran sobrerrepresentadas en los casos de feminicidio en España. Las violencias machistas que viven en sus distintas formas, manifestaciones y ámbitos, no es cometida exclusivamente por hombres migrados, como se suele decir, sino también por hombres españoles. Y cuando acuden a las instituciones, debido a la intersección del machismo con el racismo en el Estado español, se enfrentan a obstáculos específicos y diferenciados para la prevención, protección, investigación, sanción y reparación integral en sus casos, así como para acceder a la justicia. Existen muchísimos casos de violencia institucional machista contra mujeres migradas.

Por brindar algunos datos, tomando en cuenta que las víctimas de feminicidio son más que números, en 2023 el 42 % de las mujeres víctimas mortales de violencia de género en España eran extranjeras y en 2022 eran el 34 %. En 2024, el porcentaje de víctimas de feminicidio nacidas en otro país fue del 51%. Es decir, el año pasado, más de la mitad de víctimas de feminicidio en España eran mujeres extranjeras (de acuerdo con las cifras oficiales).

De la misma manera, el Grupo de Expertas en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica del Consejo de Europa (GREVIO, por sus siglas en inglés), encargado de supervisar la implementación de los Estados parte del “Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica”, – ya manifestó en 2020:

GREVIO

“…observa con preocupación que las mujeres migrantes representen casi el 33% de todas las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde 2003, cuando constituyen menos del 10% de la población. Esto es aún más preocupante habida cuenta que las mujeres extranjeras recurren más fácilmente que las españolas a la policía y los tribunales en busca de protección, como así muestran los datos.

Esto plantea interrogantes acerca de la existencia de un posible sesgo institucional contra las mujeres inmigrantes víctimas, dado que algunas de las que fueron asesinadas por su pareja podrían haberse salvado de haber contado con una respuesta institucional más rápida y eficaz. Investigaciones recientes muestran que las mujeres migrantes víctimas de violencia ejercida en el ámbito de la pareja, a pesar de su importante capacidad de resiliencia, se enfrentan a mayores obstáculos para ejercer sus derechos que las mujeres españolas, pero también en lo relativo al acceso al empleo, vivienda, educación de sus hijos, recursos sociales y ayudas económica” (Párrafo 20).

Acciones

Preocupadas por esta situación, con AIETI, la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, así como con la Fundación para la Convivencia ASPACIA, hemos creado una coalición. Entre las acciones que hemos llevado a cabo, se encuentra la realizada en el marco de la primera ronda de evaluación temática “Generar confianza ofreciendo apoyo, protección y justicia” del GREVIO a España. Para la cual, presentamos un informe sombra centrado en las violencias machistas contra las mujeres migradas desde una perspectiva feminista interseccional. Consideramos que los informes sombra son muy relevantes porque permiten al Grupo de Expertas contrastar la información que aportó el Estado español.

Si bien España ya fue evaluado en el 2020 por el GREVIO, esta fue la primera evaluación “temática”, cuyo primer informe temático de evaluación a España fue publicado en noviembre de 2024. En este informe, el GREVIO reconoce los progresos realizados por el país para implementar el Convenio de Estambul, sin embargo, identifica ámbitos que requieren acciones de las autoridades españolas para cumplir plenamente con las disposiciones del Convenio. Aun cuando todo el informe es muy relevante, se pueden destacar los siguientes pronunciamientos del GREVIO:

GREVIO

Observa que las mujeres víctimas de la violencia de género y las expuestas a la discriminación interseccional siguen enfrentándose a obstáculos sustanciales para acceder a la protección y el apoyo.

Le preocupa especialmente que las mujeres migrantes están desproporcionadamente representadas entre las víctimas de la violencia de género, incluidos los feminicidios.

Señala que muchos/as profesionales parecen mostrar una comprensión de un solo aspecto de la interseccionalidad, lo que reduce la atención a un único factor de discriminación, en lugar de abordar, en sus respuestas a casos individuales, las múltiples e interseccionales formas de discriminación que sufren o a las que están expuestas muchas mujeres. Identificando que esto es especialmente pronunciado en el caso de las mujeres migrantes.

Pide que se reconozcan las múltiples e interseccionales formas de discriminación a las que pueden estar expuestas las mujeres de distintos orígenes, a fin de garantizar su acceso a la protección y el apoyo.

Señala que la evaluación independiente de las leyes, políticas y medidas para combatir la violencia contra las mujeres parece ser un reto importante en todo el país, lo que dificulta la obtención de una visión general de su eficacia y de las dificultades que deben remediarse.

Establece que las autoridades españolas deben garantizar la aplicación de políticas y medidas destinadas a satisfacer las necesidades específicas de las mujeres víctimas de violencia expuestas a la discriminación interseccional.

Manifiesta que, como ya puso de relieve en su informe de evaluación de 2020, es necesario hacer más para prevenir la violencia contra las mujeres migrantes, sobre la base de un enfoque sostenible y comunitario. Subraya que las mujeres migrantes se encuentran en la intersección de los estereotipos y prejuicios racistas y de género y están, por lo tanto, en situación de vulnerabilidad frente a la violencia. Por lo tanto, establece que es importante acabar con los mitos y estereotipos imperantes sobre las mujeres migrantes, así como generar conciencia sobre sus derechos y el apoyo existente disponible para las experiencias de violencia.

Señala que la información que ha llegado a su conocimiento indica que muchos jueces y juezas siguen careciendo de un enfoque centrado en la víctima e informado sobre el trauma, así como de conocimientos sobre los problemas a los que se enfrentan las mujeres expuestas a una discriminación interseccional, como las mujeres migrantes.

Establece que las organizaciones que trabajan con mujeres migrantes y otras mujeres expuestas a la discriminación interseccional también informaron de una frecuente falta de comprensión entre los agentes de policía de las dificultades a las que se enfrentan estas mujeres y de lagunas en los conocimientos prácticos sobre cómo tratar las denuncias de mujeres de estos grupos.

Insta a las autoridades españolas a que tomen medidas para simplificar y armonizar el proceso de reconocimiento oficial de las víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres, con el fin de garantizar un acceso rápido y eficaz, en todo el país, a los servicios de protección y apoyo para todas las víctimas de violencia contra las mujeres, independientemente de la forma de violencia que hayan sufrido, y a que establezcan, en su caso, servicios de asesoramiento y apoyo en forma de ventanilla única.

Sobre los servicios sociales, afirma que las representantes de la sociedad civil indicaron que el acceso a los servicios sociales para las mujeres expuestas a la discriminación interseccional se ve a menudo obstaculizado por la persistente incapacidad de los profesionales de aplicar una perspectiva interseccional. Y que a las mujeres en situación administrativa irregular se les deniega con frecuencia el acceso debido a su situación administrativa. En este contexto, considera que deben tomarse medidas adicionales para informar de sus derechos a las mujeres en riesgo de discriminación interseccional o expuestas a ella, garantizar que los/as trabajadores/as dispongan de los recursos necesarios para abordar la multiplicidad de retos a los que se enfrentan y asegurar una mayor disponibilidad de intérpretes. También subraya el importante papel que las y los mediadores/as culturales y los/as trabajadores/as comunitarios/as pueden desempeñar en estas circunstancias.

Le preocupa que las mujeres migrantes víctimas de violencia en situación administrativa irregular sigan enfrentándose con frecuencia a dificultades o retrasos en el acceso a los servicios sanitarios debido a los requisitos establecidos por los gobiernos autonómicos y a las diferentes interpretaciones del decreto de 2018 que restablece el acceso universal. En este contexto, el GREVIO celebra que la Ley Orgánica 10/2022 de Libertad Sexual prevea el acceso de todas las mujeres víctimas de violencia sexual, independientemente de su situación de residencia, a los servicios de apoyo. Sin embargo, entiende que todavía puede ser difícil para las mujeres en esta situación superar el miedo a la deportación ya que, según la Ley Orgánica 10/2022, solo pueden acceder a un permiso de residencia si se benefician de una orden de protección o si el autor de la violencia es condenado.

Establece que tuvo conocimiento con preocupación de casos en los que se ha pedido a mujeres víctimas de violencia sexual, incluidas solicitantes de asilo, migrantes en situación administrativa irregular y estudiantes extranjeras, que paguen por los servicios recibidos en el hospital.

Expresa que se debe evaluar periódicamente la aplicación de los protocolos existentes por parte de los proveedores de asistencia sanitaria y garantizar su adaptación a las necesidades de las mujeres y niñas en riesgo de discriminación interseccional.

Constata la persistencia de obstáculos para las mujeres que desean denunciar la violencia ante las autoridades policiales, especialmente entre las mujeres en riesgo de discriminación interseccional o expuestas a ella.

Anima encarecidamente a las autoridades españolas a identificar y abordar cualquier factor que impida a las mujeres y niñas denunciar sus experiencias de violencia contra las mujeres a los organismos encargados de hacer cumplir la ley, centrándose especialmente en las experiencias de las mujeres migrantes.

Dispone que otra preocupación persistente se refiere al acceso de las mujeres migrantes en situación administrativa irregular a las órdenes de protección, a las que tienen derecho por ley, pero que parecen ser más difíciles de obtener en la práctica debido a su situación legal.

Señala que varios grupos de mujeres siguen enfrentándose a dificultades y actitudes que impiden su acceso a la justicia. Por ejemplo, las mujeres migrantes en situación administrativa irregular siguen temiendo ser deportadas, ya que sólo se librarán de tal medida si su caso desemboca en una condena o en la concesión de una orden de protección. Y que la Ley Orgánica 10/2022 de Libertad Sexual establece el mismo requisito, a pesar de las preocupaciones expresadas por el GREVIO acerca de vincular las exenciones de deportación a un resultado satisfactorio de la denuncia, que puede depender de muchos factores que escapan al control de la persona que desea denunciar. Además, estipula, que siguen existiendo prejuicios entre algunos/as funcionarios/as encargados de hacer cumplir la ley, incluida la percepción generalizada de que la denuncia se hace para obtener un permiso de residencia. En vista de la gran proporción de mujeres migrantes entre las víctimas de asesinatos por motivos de género, considera que debería hacerse más hincapié en permitir a las mujeres migrantes, independientemente de su situación legal en el país, acceder a la protección y el apoyo de las fuerzas del orden.

«La violencia machista que viven en sus distintas formas, manifestaciones y ámbitos, no es cometida exclusivamente por hombres migrados, como se suele decir»

Ahora nos corresponde a nosotras continuar trabajando en red para que el Estado español cumpla con todas las recomendaciones del GREVIO, para que pueda decir que efectivamente se implementa el Convenio de Estambul. Para que se garantice el derecho a la vida y a la vida libre de violencias machistas de las mujeres migradas en España.

También te puede interesar: Cultura inclusiva y comunidad con las Pibas Producen